El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública, ha emitido una orden que prohíbe a las empresas y entidades públicas realizar llamadas comerciales desde números móviles. Esta medida, que entrará en vigor en 20 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, forma parte de un esfuerzo por combatir el fraude telefónico relacionado con la suplantación de identidad y las llamadas spam. Las llamadas comerciales deberán realizarse desde números 900 u 800.
La importancia de la prohibición de llamadas comerciales
El fraude telefónico es una preocupación creciente en España. Con el incremento de las llamadas no deseadas y los intentos de suplantación de identidad, el Gobierno ha tomado medidas decisivas para proteger a los consumidores. La prohibición de llamadas comerciales desde móviles garantiza que la comunicación entre empresas y usuarios sea más transparente y segura, reduciendo significativamente las oportunidades de fraude.
Cómo afecta la nueva normativa a las empresas
Con la nueva normativa, las empresas deberán adaptarse a utilizar números 900 u 800 para sus llamadas comerciales. Esta transición implicará ajustes significativos en sus estrategias de comunicación. Sin embargo, es crucial entender que estas medidas no solo protegen a los consumidores, sino que también benefician a las empresas, al fortalecer la confianza del cliente en sus interacciones comerciales.
Regulaciones adicionales para reforzar la seguridad
Además de prohibir las llamadas comerciales desde móviles, el Gobierno ha instruido a los operadores de telecomunicaciones a bloquear llamadas y SMS de numeración no atribuida o fraudulenta. Particularmente, se prestará especial atención a las llamadas provenientes del extranjero que intenten simular ser de origen español. Óscar López, titular del ministerio, ha destacado que el incumplimiento de estas medidas podría resultar en sanciones de hasta 2 millones de euros.
Impacto de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones
Esta normativa complementa la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2023, que ya prohíbe enviar información comercial sin consentimiento previo del usuario. Estas reformas buscan consolidar un entorno de comunicación más seguro y respetuoso para los consumidores, permitiéndoles tener más control sobre las interacciones que reciben y fortaleciendo su privacidad.